El 13 de octubre de 1953, por decreto Nº 8438, con la firma del presidente constitucional Juan Domingo Perón, se concedía personería jurídica a la por entonces llamada Confederación de la Industria. Era la coronación y al mismo tiempo el primer paso formal de una anterior asamblea de empresarios nacionales “para reunir en su seno a todas las asociaciones gremiales del país verdaderamente representativas, integradas directamente por personas de existencia ideal o visible, auténticamente dedicadas a la producción industrial”.
La asamblea había sido en la ciudad de Buenos Aires, el 16 de diciembre de 1951. El tiempo entre una y otra fecha lo insumió la aprobación del Estatuto, con la participación de la Inspección General de Justicia, convalidado por dicho decreto. Cobraba así forma una decisión estratégica de los sectores dinámicos de la industria nacional expuesta en el primer compromiso estatutario en su tercer artículo, luego de la fijación del nombre y de la razón que motivaba el acto constitutivo. Ese compromiso era y es: a) Apoyar la concentración y coordinación de los esfuerzos para mejorar la calidad y aumentar el volumen de la producción. La decisión de respaldar y promover la actividad productiva nacional, directamente vinculada con una fuerte puja de intereses, es el eje de la historia de la Nación. Y, en especial, en sus últimos seis décadas, que es lo que la historia de la entidad refleja.
Con cada alteración de la democracia argentina, las fuerzas de la producción sufrieron un agudo retroceso por la aplicación de políticas económicas directamente impulsadas a aniquilar la conjunción del esfuerzo nacional por ser sostén del sistema político representativo y procurar una más justa distribución de la riqueza. Los golpes de 1955, 1966 y 1976 tornan innecesaria una explicación más explícita. Del mismo modo que ahorran otras referencias el tremendo impacto del índice de la desocupación del 18,6 por ciento en 1996 cuando en el ejercicio de la misma democracia se impusieron en esa década recetas neoliberales sujetas a las imposiciones de los organismos internacionales de crédito que aniquilaron empresas estratégicas como YPF, Gas del Estado y SOMISA.
Ese plan sistemático y devastador no logró sus objetivos por resistencia de empresarios y obreros mancomunados en un esfuerzo social compartido para defender hasta la misma fuente de trabajo. Nunca fue lo mismo un empresario nacional frente a sus trabajadores que una casa matriz de un monopolio extranjero frente sólo a meros legajos. Decía el segundo compromiso del Estatuto en su versión original: b) Promover el acercamiento con las fuerzas del trabajo y cooperar con los propósitos del Estado a fin de colaborar eficazmente en el esfuerzo común para alcanzar las altas finalidades de política social y económica, contenidas en la Constitución Nacional y en las leyes del país. Más de seis décadas son prueba suficiente por lo tanto para determinar qué significa para los argentinos quedar sometidos a políticas en sentido contrario a esos fines.
Con cada golpe convencional, retracción, parálisis y muerte; con cada capítulo democrático, avances y retrocesos, crisis y resurrección. En 1958, a cinco meses de iniciada la gestión de otro presidente constitucional de la Nación Arturo Frondizi, se modificó el Estatuto aprobado por la asamblea del 23, 24 y 25 de octubre de ese año, lo que también debió ser avalado por un decreto del PEN. Fue firmado por Frondizi, acompañado por su ministro Luis M. Mac Kay, ministro de Instrucción Pública y Justicia. Llevó el número 5807 y su fecha fue del 19 de mayo de 1960, a las puertas de los festejos del Sesquicentenario. El 29 de abril de 1971, en asamblea general ordinaria realizada en el histórico edificio de Av. Rivadavia 1115, cuarto piso, se aprobó la modificación del nombre de la entidad, con los cambios pertinentes del Estatuto (Arts. 1, 2, 4, 7, 10, 42, 46, 47,50, 51, 53, 64, 71, y 73) en cumplimiento de una resolución del Consejo Superior de la Confederación General Económica. Desde el 5 de noviembre de 1971 pasó a llamarse Confederación General de la Industria de la República Argentina.
Hoy, en su sede tradicional, la CGI retomó su camino luego de haber sido víctima de las mayores hostilidades con cada hora fatídica de los cuarteles o de sus exponentes económicos en democracia como aconteció cíclicamente. Las dolorosas lecciones del pasado aceleran su presente al servicio de su causa fundacional y de la Nación misma, que así lo reclama.